Tanto la Comisión Europea como el Parlamento están abordando el problema de los delitos motivados por el odio. Pero sin una definición clara de lo que es el “odio” no resolveremos el problema, escribe Arie de Pater, de la Alianza Evangélica Europea en Bruselas.

Con el antisemitismo y el odio antimusulmán en aumento, tanto la Comisión Europea como el Parlamento Europeo han abordado recientemente la incitación al odio y los delitos motivados por el odio. Hay que ponerles fin. El Parlamento pide más normas. Pero, ¿cómo podemos proteger la libertad de expresión y luchar contra la incitación al odio, sobre todo si no existe una definición de este último?

En diciembre, la Comisión Europea publicó una comunicación conjunta titulada No hay lugar para el odio. Una Europa unida contra el odio. La Comisión comienza expresando su preocupación por los recientes incidentes y ataques dirigidos contra la comunidad judía en Europa. Los musulmanes de toda Europa se enfrentan a intimidaciones, acoso y discriminación.

Para la Alianza Evangélica Europea, que señala la misma tendencia, esto fue motivo para hacer dos llamamientos a la acción, uno contra el antisemitismo y otro contra el odio antimusulmán.

¿Dónde acaba la libertad de expresión y dónde empieza la incitación al odio?La Comisión observa que “el odio conduce a más odio” y que “el odio es un riesgo para nuestra sociedad y nuestra democracia”. Por ello, la Comisión siente la responsabilidad de “combatir el odio, la búsqueda de chivos expiatorios y la denigración de cualquier persona por su origen racial y étnico, su fe, su género o su sexualidad”. Por consiguiente, anuncia varias medidas que tomará para detener la propagación del odio.

El Parlamento Europeo adoptó en enero una resolución en la que instaba a los Estados miembros a añadir la incitación al odio y los delitos motivados por el odio a la lista oficial de “delitos especialmente graves con dimensión transfronteriza”. Añadir la incitación al odio y los delitos motivados por el odio a esta lista permitiría establecer normas y penas mínimas a escala de la UE.

Objetivos loables, pero sin una definición clara del odio

El objetivo tanto de la Comisión como del Parlamento de luchar contra el odio en nuestras sociedades, tanto online como en persona, es loable. Los delitos de odio son actos que ya son ilegales, como los incendios provocados o los asesinatos, que están motivados por el odio.

No obstante, el Parlamento Europeo en su resolución es lo suficientemente ingenuo como para admitir que no existe una definición clara o legal de la incitación al odio.

Tal vez recordemos el proceso judicial contra la parlamentaria finlandesa Päivi Räsänen y el obispo Juhana Pohjola. Se les acusó de incitación al odio cuando defendieron públicamente la definición cristiana tradicional del matrimonio y se manifestaron en contra del apoyo de su iglesia al desfile del Orgullo.

Este caso judicial ilustra que, aunque a primera vista estemos de acuerdo en que la incitación al odio es mala, depende mucho de la definición. Y una definición que no tenemos. Por eso, añadir la incitación al odio a la lista de los llamados delitos de la UE no resolverá el problema.

La participación de la sociedad

En su comunicado, la Comisión demuestra ser muy consciente de que la legislación puede enviar una señal clara a la sociedad pero que el verdadero problema es más profundo. Por lo tanto, hace un llamamiento a toda una serie de agentes sociales para que desempeñen su papel, incluidas las escuelas, los clubes deportivos, las iglesias, los medios de comunicación y las plataformas de medios sociales.

Por supuesto, es positivo que la Comisión reconozca a la Iglesia como colaboradora en la lucha contra el odio; sin embargo, esto podría no aplicarse, por ejemplo, a las confesiones o creencias que rechazan respetuosamente el matrimonio entre personas del mismo sexo.

La frontera exacta entre lo legal y lo ilegal está mucho menos clara. ¿Cuánta intolerancia estamos dispuestos a tolerar como sociedad?Las empresas de medios sociales operan con independencia del gobierno. Para muchos, se han convertido en una importante fuente de noticias y un medio indispensable de comunicación, tanto con familiares y amigos como con el resto del mundo. Las redes sociales están sujetas a un código de conducta y tienen la obligación de retirar los contenidos delictivos publicados en sus plataformas.

Los usuarios y los llamados “abanderados de confianza” pueden denunciar la incitación al odio y otros contenidos contrarios a las normas de la plataforma. Pero la falta de una definición clara de la incitación al odio, combinada con la amenaza de sanciones severas, podría llevar fácilmente a una limitación de facto de la libertad de expresión y a la autocensura.

Como reconocen tanto el Parlamento como la Comisión, hay contenidos que pueden ser perjudiciales pero que no son ilegales. Un manual sobre este tema incluye contenidos antisemitas, relacionados con Covid y anti-LGTBIQ+. Este año se añadirá un capítulo sobre el odio antimusulmán.

La necesidad de una conversación sincera sobre la libertad de expresión

Supongo que todos reconoceremos las formas más graves de incitación al odio cuando las veamos. Pero la frontera exacta entre lo legal y lo ilegal está mucho menos clara. ¿Cuánta intolerancia estamos dispuestos a tolerar como sociedad? Esto exige un debate permanente, sincero, respetuoso e integrador en nuestras sociedades. 

Esto también está en consonancia con la Plaza Pública Civil como espacio para una amplia variedad de voces que Os Guinness defiende en La Carta Mundial de la Conciencia. Los miembros de la Alianza Evangélica Europea se sienten llamados a desempeñar su papel en esta plaza pública civil. Pero no pueden hacerlo sin el apoyo de todos los más de 20 millones de evangélicos de Europa (y de todas las demás personas de buena voluntad).

Sólo juntos podemos luchar contra la incitación al odio y los delitos motivados por el odio y proteger la libertad de expresión. Ninguna ley lo conseguirá.

Arie de Pater, director de la oficina en Bruselas de la Alianza Evangélica Europea.